El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, planea constitucionalizar la prohibición de los cigarrillos electrónicos y las vaporettes para fin de año. Si bien la medida está impulsada por preocupaciones de salud pública, genera temores sobre su impacto potencial en el ya creciente mercado negro controlado por poderosos grupos criminales, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Una prohibición definitiva en la Constitución mexicana
Actualmente, los cigarrillos electrónicos se encuentran en una zona gris en México, donde las prohibiciones anteriores sobre su importación y venta han sido impugnadas en los tribunales. Al integrar esta prohibición en la Constitución, el gobierno garantizaría un marco legal definitivo para todo el territorio. Aprovechando el amplio apoyo popular durante las elecciones de junio, el partido gobernante Morena tiene una mayoría calificada que le permite modificar la Constitución de acuerdo con sus prioridades políticas.
Con aproximadamente 1,7 millones de usuarios de vapor mexicanos, la demanda continúa creciendo. La prohibición parece tener poco efecto en la reducción de este consumo, dividido en dos mercados distintos: el de los productos de vapeo importados legalmente, vendidos a precios más altos en puntos de venta formales, y el de los vapeadores baratos, vendidos de manera informal, a menudo por vendedores ambulantes.
Un lucrativo mercado negro controlado por los cárteles
Según el periodista Óscar Balderas, alrededor del 90% de los productos de vapeo que se venden en México provienen del mercado negro, un sector dominado en gran medida por el crimen organizado. Estos vaporizadores baratos se importan de países como China, India y Bangladesh, a menudo a través de Centroamérica, donde los sobornos facilitan su paso a la capital mexicana, antes de ser distribuidos por el resto del país.
Se dice que este mercado negro representa cerca de 5 mil millones de pesos al año (alrededor de 200 millones de libras esterlinas o 260 millones de dólares), una ganancia financiera inesperada para los cárteles, que lo utilizan para financiar armas y mantener su poder. Además, esta industria informal va acompañada de un aumento de la violencia, y los grupos criminales no dudan en castigar a quienes intentan vender productos sin su autorización.
A falta de regulación, la composición de estos productos de contrabando es a menudo incierta y peligrosa. Los análisis han revelado la presencia de sustancias tóxicas, como el mercurio, en vaporizadores baratos que se venden en la calle, lo que expone a los consumidores a importantes riesgos para la salud. Y como estos colectivos no pagan impuestos, es el sistema de salud pública el que debe asumir los costes de las enfermedades asociadas.
Una prohibición que corre el riesgo de empeorar los problemas
El plan para prohibir los cigarrillos electrónicos en la Constitución podría en realidad fortalecer el control de los cárteles sobre todo el mercado de cigarrillos electrónicos de México, desplazando lo que queda del suministro legal. El peligro es que esta prohibición transfiera permanentemente el monopolio de distribución a grupos criminales, alimentando así redes de corrupción y violencia ya bien arraigadas en el país. “Este mercado negro financia guerras como la que estamos viendo actualmente en Sinaloa”, dice Balderas.
Aunque las motivaciones del gobierno se basan en preocupaciones legítimas de salud, algunos especialistas, como la académica Angélica Ospina, enfatizan que esta prohibición corre el riesgo de fracasar en su objetivo inicial. Los vaporizadores suelen comercializarse con diseños y sabores atractivos para los jóvenes, un marketing que preocupa a las autoridades. Pero para Ospina, “prohibir algo no lo hace más seguro, sólo lo hace invisible”.
¿La regulación como alternativa?
Ante estas preocupaciones, algunos expertos sugieren que la regulación podría ser una mejor respuesta. Al regular la industria de las vaporettes de la misma manera que el alcohol y el tabaco, al imponer impuestos y restricciones de edad, el gobierno podría controlar mejor la calidad de los productos y así reducir los riesgos para la salud pública. Además, los impuestos podrían asignarse directamente al sistema de salud, ayudando a compensar los costos de las enfermedades relacionadas con el vapeo.
Para Balderas, el desafío también es volver a poner el mercado del vapeo bajo control oficial, porque una vez que un sector es absorbido por el crimen organizado, resulta extremadamente difícil recuperarlo. Como señala Ospina, el tema del mercado de vapeo en México es complejo y se encuentra en una "zona gris" entre lo legal y lo ilegal, donde un enfoque de reducción de daños podría resultar más beneficioso para la sociedad.
